Innovar para transformar: responsabilidad cultural, políticas públicas y desarrollo sostenible.

Pensamiento

Lázaro I. Rodríguez Oliva.

(Originalmente publicado en Sexenio, por invitación de la columnista Mayté Cordeiro)

En políticas culturales parecen identificarse dos debates recientes bien vivos: por una parte, a nivel internacional, la reciente adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible donde se invisibiliza de forma explícita el rol de la cultura en dichos procesos, al mismo tiempo que se deja un margen para que, con indicadores de gestión y mucha incidencia en espacios de decisión, se consiga sacar a la cultura de la función “ornamental” con la que mucha veces se la asocia en la política pública. El otro debate, nacional, mexicano, tiene que ver con el reciente anuncio de la futura creación de una Secretaría de Cultura, llegando, por fin, a una medida innovadora -en lo referente a que “cultura” no esté supeditada en estructura y presupuesto a educación, pero dejando una incógnita bien grande sobre su rumbo cierto.

Ambos debates, en principio, se refieren a cuestiones de administración, lo que respectivamente, tienen ideas específicas de cómo considerar (o no) la cuestión cultural. En el primer caso, cómo vendrán “prioritariamente etiquetados” los recursos internacionales y nacionales en los próximos quince años: 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas. Ninguno refiere explícitamente al sector cultura, aunque hay menciones a diversidad cultural, por ejemplo. Nunca se menciona las artes. En el segundo caso, el doméstico, la pugna parece estar, ante el anuncio de un Presupuesto Base Cero, y un régimen de recortes económicos del gigantesco aparato administrativo de la cultura, en cómo queda la nueva estructura, los fondos de que dispondrá, y creo, quizás, las prioridades en agendas y beneficiados de la casi en extinción CONACULTA.

Para ser optimista, creo que se está dando la posibilidad de pensar las políticas culturales más allá de la visión tradicional, de aprender a administrar el sector con “responsabilidad cultural”. El término de responsabilidad cultural fue incorporado en la Política Pública de El Salvador 2014-2014, para describir la gestión cultural de los recursos técnicos, humanos y financieros de los que dispone nuestra nuestra sociedad con metas de desarrollo humano sostenible. Reconocemos que hablar de responsabilidad cultural exige comprender que éste es un tema más amplio que de gestión, y se vuelve un asunto también de gobernanza. Muchas personas al referirse a las políticas culturales, ponen más énfasis en qué es y qué no es cultura -y toda la gama de calificaciones que esconden jerarquías: bellas artes, culturas populares, cultura de masas, que en la parte de política que tiene la política cultural. Es importante que las políticas culturales innoven de una vez, para atender no sólo los enormes desafíos del sector que se le vienen acumulando, sino también, la cuestión de qué rol juega en otras prioridades sociales del desarrollo. Retomaremos algunos aspectos de dicho documento, para comprender que una transformación de las políticas culturales y su alcance va más allá de “re-etiquetados” y “rebautizos”.

La complejidad de la gestión cultural y sus implicaciones en los temas de derechos y desarrollo sostenible, exige de los gobiernos, los artistas y las artistas, los creadores y las creadoras, las instituciones, las empresas y otras instituciones, una acción coordinada corresponsable. No obstante, el Estado tiene responsabilidades específicas, en el marco de su función en la sociedad. La gestión de conocimientos es, por tanto, imprescindible para administrar este nuevo escenario de referentes comunes que constituyen los ODS.

En términos macropolíticos, identifico tres grandes áreas que debe atender una política pública de cultura “nacional” como parte de lo que identifico como su responsabilidad cultural: la soberanía cultural, la seguridad cultural y la sostenibilidad cultural.

Soberanía cultural

La soberanía cultural se concibe en términos generales como la autoridad suprema del poder público, y la política pública de cultura debe concebir la dimensión cultural de la soberanía como aquella que remite a las responsabilidades del Estado en la protección y promoción de la diversidad cultural del país como respuesta a los derechos culturales.

La complejidad de cualquier nación contemporánea, inserta en la globalización y atravesada por procesos internacionales, exige colocar la soberanía cultural como un campo de responsabilidad del Estado, en el entendido de gestionar cultura desde un concepto ampliado de soberanía que implicaría repensar procesos como la migración entre otros, los impactos para las expresiones culturales locales de las industrias culturales y creativas transnacionales, las condiciones en que se participa de los procesos globales, etcétera. Esta perspectiva aporta un concepto ampliado de soberanía relacionada con la diversidad cultural y no sólo una identidad de país.

Las recomendaciones de la Declaración de Hangzhou de la UNESCO (2013), un documento fundamental para la construcción de las políticas culturales con enfoque de desarrollo recomienda, permiten identificar el alcance de esta responsabilidad cultural. UNESCO sugiere integrar la cultura en todas las políticas y programas de desarrollo. Se prevé que la política cultural incluya “la dimensión cultural en las definiciones del desarrollo sostenible y del bienestar, así como en la concepción, la medición y la práctica concreta de las Políticas y los programas de desarrollo” (UNESCO, 2013: 3). También se plantean valorar, salvaguardar y transmitir la cultura a las generaciones futuras. Partiendo de la necesidad de garantizar la protección y promoción de la diversidad cultural, el Estado debería garantizar el ejercicio soberano de su cuidado, al promover medidas que apunten a revertir los efectos sobre las expresiones culturales del país de los “resultados de los efectos combinados de la urbanización, las presiones del desarrollo, la globalización, los conflictos y fenómenos asociados al cambio climático” (UNESCO, 2013: 5).

Seguridad cultural

Una política cultural innovadora debe incorporar dentro de las responsabilidades culturales del Estado y la sociedad, la cuestión de la seguridad. No sólo porque sea un tema social prioritario, sino en el entendido de que la seguridad es una parte sustantiva del desarrollo de los derechos culturales. No es nuevo el vínculo entre cultura y seguridad, pero éste se ha concebido sobre todo a partir de los impactos de las expresiones culturales en los entornos de inseguridad. Una política cultural innovadora aborda la seguridad cultural en dos dimensiones: por una parte, los roles de la gestión cultural en la garantía de la seguridad (en toda sus variantes: social, política, humana, económica, ciudadana, etcétera), y por otro, la dimensión de seguridad que implican los derechos culturales como especificidad de los derechos humanos.

Específicamente bajo perspectiva de seguridad cultural, y retomando las recomendaciones de la Declaración de Hangzhou, podrían incluirse acciones dirigidas a: garantizar derechos culturales para todos a fin de promover el desarrollo social incluyente, específicamente “garantizar los derechos culturales, el acceso a los bienes y servicios culturales, la libre participación en la vida cultural y la libertad de expresión artística” (UNESCO, 2013: 4). Ello significa que su sistema de gestión se debería basar en un enfoque basado en los derechos humanos y de manera más específica en derechos culturales y el respeto a la diversidad cultural, a través de un enfoque incluyente que toma en cuenta, de manera prioritaria a los jóvenes, el equilibrio entre los sexos, los pueblos indígenas y otras minorías. Dentro de este aspecto es fundamental tambien movilizar la cultura y el entendimiento mutuo para propiciar la paz y la reconciliación.

A través de una política cultural que atienda la seguridad cultural se refuerzan las capacidades y oportunidades para atender, de forma más responsable cuestiones relacionadas con la vulnerabilidad humana, sobre todo, aquella que alrededor del diálogo como forma de resolución de conflictos históricos que involucran expresiones culturales. En particular, el Estado se responsabiliza con la construcción de “sociedades más incluyentes, estables y resilientes”, como meta para gestionar los conflictos aún latentes, considerando con la UNESCO que en las zonas que han experimentado conflictos violentos se deberían promover la rehabilitación del patrimonio cultural y las actividades culturales para permitir que las comunidades afectadas renueven su identidad, recuperen el sentido de la dignidad y la normalidad, disfruten del lenguaje universal del arte y comiencen a curar las cicatrices de las guerras. También se debería integrar la consideración de los contextos culturales en las iniciativas de resolución de conflictos y los procesos de construcción de la paz” (UNESCO, 2013: 3). Otro aspecto fundamental es fortalecer la resiliencia a los desastres y combatir el cambio climático mediante la cultura.

Sostenibilidad cultural

La preocupación por el desarrollo sostenible implica a la gestión cultural, no solamente por lo que podríamos llamar las expresiones culturales del manejo de los recursos naturales, sino también los procesos que visibilizan al campo cultural como productor de sentidos, actividades, bienes y servicios culturales que implican recursos. La sostenibilidad debe ser planteada en varias dimensiones, entre ellas: la política (los discursos, procedimientos y prácticas que caracterizan el sector cultura); la social (los sujetos sociales involucrados); la de recursos (los requerimientos financieros, humanos o técnicos); así como la dimensión institucional (las estructuras que gestionan las expresiones culturales). La Declaración de Hangzhou (UNESCO, 2013), recomienda valerse de la cultura para reducir la pobreza e impulsar el desarrollo económico incluyente. Se reconoce y aprovecha teniendo en cuenta que “la cultura, como capital de conocimientos y como recurso, provee a las necesidades de los individuos y comunidades y reduce la pobreza” (UNESCO 2013: 4). También, basarse en la cultura para promover la sostenibilidad ambiental: así como Valerse de la cultura como recurso para lograr el desarrollo y la gestión sostenibles de las zonas urbanas. Sobre este enfoque ampliado de la sostenibilidad -no sólo limitada a los recursos financieros como muchas veces se cree, la Declaración de Hangzhou llama a aprovechar la cultura para favorecer modelos de cooperación innovadores y sostenibles.

Es una realidad el potencial inexplorado de la cooperación entre actores institucionales y sujetos sociales, para construir una plataforma sostenible de cooperación, que reconozca las buenas prácticas existentes y repiense aquéllas no exitosas, para construir modelos alternativos y sostenibles en la gestión de resultados de política cultural. Lo imprescindible que hay que considerar es que sin información, sin investigación comparada, y sobre todo sin participación de la mayor parte de las personas involucradas, será difícil gobernar los asuntos culturales como un motor y facilitador de cambios “transformatorios” para el bien común y la felicidad de las personas.

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